Callada por respuesta
Estados Unidos no puede seguir eludiendo
las necesarias explicaciones sobre el espionaje
24
OCT 2013
Cuatro meses después de que estallara el escándalo del espionaje masivo de las comunicaciones por parte de la Agencia Nacional de Seguridad de EE UU, el Gobierno de Barack Obama
no puede seguir utilizando la estrategia del silencio y la de obstrucción frente a lo que se va revelando como
una escandalosa vulneración masiva de derechos individuales. Anoche se lo recordó personalmente la propia canciller Merkel en convertsación
telefónica, subrayando que estas prácticas
son inaceptables. Ahora sabemos que los programas que utiliza
la agencia no solo han permitido controlar ordenadores e interceptar comunicaciones, sino que se han aplicado
también a líneas telefónicas. La propia Merkel sospecha que ha sido rastreado su propio móvil.
Por mucho que se alegue que las
escuchas se han hecho con autorización judicial, bajo la polémica Ley Patriótica, resulta difícil de aceptar que la lucha antiterrorista justifique la necesidad de controlar millones de comunicaciones de ciudadanos de otros países. Un elemental sentido de la proporcionalidad hace inverosímil que, en una hipotética
búsqueda de células terroristas, los servicios de espionaje hayan intervenido ordenadores de personalidades como los presidentes de México y Brasil, o
las delegaciones diplomáticas francesas en
Washington y Naciones Unidas.
En
la escalada de revelaciones, sabemos que también que los servicios secretos
española dan por hecho que nuestro país ha sido objeto de incursiones ilícitas
en comunicaciones privadas.
La exigencia de explicaciones
ha tenido hasta la fecha la misma evasiva respuesta que el resto de países afectados. No es aceptable entre aliados.
La
incomodidad que genera este asunto en los Gobiernos y la propia Comisión Europea explica que la reacción haya oscilado
hasta ahora entre la tibieza y la hipocresía, en parte
porque la mayoría de países tiene mucho que esconder sobre
sus propios servicios de espionaje. Pero la dimensión del caso hace insoportable
el menosprecio que Washington
imprime a las relaciones con esos aliados al eludir cualquier respuesta a la exigencia de explicaciones.
El
Parlamento Europeo, la institución hasta ahora más activa
en la defensa de los derechos
de los ciudadanos pero también la que menos competencias posee, ha pedido que no se envíen datos bancarios a EE UU si no se garantiza
un marco jurídico coherente con los principios del
Estado de derecho. Es solo un gesto,
pero Obama no debería ignorarlo.